El 19 de julio de 2011, en los momentos más efervescentes de la movilización estudiantil chilena y un día después de haber nombrado a Felipe Bulnes como nuevo ministro de Educación, el entonces presidente Sebastián Piñera abogaba por una mayor conexión entre la educación y el empresariado para superar la crisis educacional denunciada por los estudiantes. Durante la inauguración de un instituto de educación superior privado, entregó su compromiso al fomento de la relación estrecha entre educación y mercado, definiendo la primera como un bien de consumo y fuente de inversión. En sus palabras: “La educación tiene un doble propósito, es un bien de consumo […], pero también la educación tiene un componente de inversión […]” (La Nación, 2012).

En tal operación discursiva, Piñera atribuyó sentido a la educación al limitarla como bien de consumo intercambiable en el mercado, que requiere de la inversión de la iniciativa privada (como prestadores y consumidores) para su funcionamiento. Con ello respaldaba el enlace mercado-educación que se dio en Chile a partir de la implementación del dispositivo neoliberal, reforzando el proceso de mercantilización iniciado durante la dictadura (Cuevas y Paredes, 2018). Con ello también realizó una intervención que puede entenderse como operación de enmarcado, misma que no fue la única del periodo, pues en la misma ocasión, el nuevo ministro de Educación señaló, frente a la movilización estudiantil, que su gestión apuntaría a restituir la política del orden y del consenso, propia de la transición: “[…] ya fue el tiempo de las tomas y las marchas y ahora es el tiempo de sentarnos a trabajar y a construir con las diversas fuerzas políticas y con el aporte de ellas las soluciones que el país necesita” (La Nación, 2012). Ambas intervenciones se complementarían para configurar el marco de sentido que definió el conflicto educativo desde las autoridades. Tales operaciones discursivas pueden leerse como un rechazo a la denuncia que la movilización estudiantil realizó, al mismo tiempo que tienden a restarle capacidad de agencia al movimiento -ya se acabó el tiempo de las protestas ahora se debe dialogar entre la clase política y con el aporte de los movilizados-, proponiendo retomar la normalidad y la naturalización social instalada por la gubernamentalidad neoliberal (Paredes, 2018; Paredes, 2019).

En ambas citas es posible visualizar un ejercicio que intenta producir un efecto de deslegitimación de la causa estudiantil frente a la opinión pública, ya que se expone un motivo para reducir la capacidad de las manifestaciones y la potencia de su demanda por la educación pública gratuita. De manera más precisa, ajustándonos al contexto de movilización social estudiantil de 2011 a 2013, ambas intervenciones van conformando un contraenmarcado (Benford y Snow, 2000), orientado a oponerse y desafiar el marco de sentido que inscribía en el escenario público el movimiento estudiantil (Picazo y Pierre, 2016). Ahora bien: ¿contra qué marco específicamente se oponían ambas afirmaciones? El presente escrito se propone analizar el proceso de enmarcado de la movilización de los estudiantes en defensa de la educación pública, a partir del registro de los cánticos y gritos que se generaron en las marchas.

Nuestra tesis es que la movilización estudiantil desplegó, durante sus manifestaciones públicas, un conjunto de enunciados de carácter moral y emocional, en tanto los discursos públicos encarnados en cánticos, gritos, eslogans, puestos en escena durante las protestas, configuraron -en parte- el marco de sentido del movimiento. Son estos ejes interpretativos, junto con los cognitivos, los que permitieron sostener la demanda de una “educación pública gratuita y el fin al lucro”, durante el periodo analizado, al disputar el sentido común frente a los actores políticos, económicos y mediáticos. Estudiar las emociones morales que configuran los marcos de sentido de la movilización de los estudiantes presenta aún hoy una actualidad capital, ya que las manifestaciones sociales han sido una constante en el Chile post-2011, y la dimensión moral y emocional ha sido descuidada por las investigaciones desde la sociología y la ciencia política.

El texto se estructura en cuatro apartados. Primero, planteamos las bases conceptuales que guiarán el análisis con base en los marcos de sentido. En segundo lugar, presentamos análisis de cada uno de éstos vía paquetes interpretativos asociados a tales ejes, poniendo énfasis en los juicios morales y emocionales. En el tercer apartado relacionamos la discusión conceptual y el análisis descriptivo con el fin de proponer nuestra apreciación del marco de sentido de la movilización estudiantil. Por último, a manera de conclusión, exponemos una breve síntesis de lo argumentado, resaltando el carácter moral y emocional que sostiene a la demanda por la gratuidad en la educación superior, al mismo tiempo que se presentan los límites y proyecciones del trabajo.

La movilización estudiantil chilena destacó por su capacidad para sostener jornadas de protesta callejera y de manifestaciones públicamente atractivas por un periodo de tres años. No obstante, estar en la calle por tanto tiempo no fue su único logro, también consiguió con un éxito inaudito, en el contexto posdictadura, posicionar sus demandas en la opinión pública y generar un discurso que colonizó el escenario nacional durante ese lapso. Con esto el movimiento configuró, durante la contienda pública, una definición discursiva de la situación, consistente, creíble y atrayente, que colaboró, junto a los performances de protesta festivos y carnavalescos, con el sostenimiento de la causa de los estudiantes (Paredes, 2018). A partir de ello, proponemos estudiar la movilización estudiantil desde el frame analysis (Snow, et al., 1986; Gamson, 1988 y 1992, Gamson y Modigliani, 1989).

La perspectiva del enmarcado (framing) se ha desarrollado en varios campos de investigación de las ciencias sociales y de la comunicación (Snow, et alt., 1986; Gamson, 1988 y 1992; Snow y Benford, 1988 y 1992; Gamson y Modigliani, 1989, Entman, 1993). En relación con los movimientos sociales se le utiliza para entender cómo los participantes de una movilización producen y dan sentido a la situación, en específico a la manera en que formulan e interpretan mensajes cargados de sentido (Olsen, 2014; Paredes, 2013; Chihu, 2006). El concepto frame se utiliza para referirse a los principios interpretativos con base en los cuales los actores colectivos y los movimientos sociales definen una situación como una problemática que los aqueja, definiendo también la orientación a la acción necesaria para afrontarla. Son un producto del “trabajo de significación” con el que se construyen formas de politización y movilización social (Gamson, 1992; Snow y Benford, 1992). Los marcos de sentido facilitan la comprensión de los procesos de movilización social con base en las relaciones e interacciones sociales que se producen en la contienda política, desde el punto de vista de la producción de sentidos compartidos, refiriéndose a la definición de una situación problemática, la atribución de valor, la difusión de creencias y de los principios ideológicos implicados en ella (Snow y Benford, 1992). Se formula la aproximación a los marcos de sentido como una crítica y complemento a los enfoques estructuralistas y racionalistas de la acción colectiva, al poner énfasis en los elementos simbólicos y culturales que los actores colectivos ponen en circulación para afrontar un proceso de movilización (Paredes, 2013; Cefai, 2011). Para Snow, Rochford, Worden y Benford (1986), tales teorías no toman en consideración los aspectos interpretativos presentes en una situación de conflicto social al pasar por alto que el descontento social se corresponde con diferentes interpretaciones y que las variaciones en éstas pueden influir sobre si se actúa o sobre cómo se actúa al respecto (Snow et al., 1986).

Este tipo de posicionamiento rescata el plano simbólico para proponer un acercamiento que pueda considerar las creencias grupales, los elementos ideológicos, las formas de significación compartida y de prácticas comunes en la constitución de los procesos de movilización social y sus sentidos y, por ende, asume un posicionamiento construccionista en su formulación (Snow y Benford, 1992; Chihu, 2006). Tal operación es parte del giro cultural en el análisis de los movimientos sociales y la asunción de elementos simbólicos para su estudio, como las emociones, las arenas morales y la subjetivación (Cefai; 2011; Jasper, 1997 y 2010; Poma y Gravante, 2015; Pleyers, 2015).

El punto de arranque de los marcos de la movilización es la capacidad de los actores colectivos de producir significados y darle sentido a las situaciones sociales conflictivas en las que se encuentran, mediante una serie de acciones como identificar una situación, clasificarla y organizar una respuesta (Chihu, 2006); por ende, implica la capacidad de agencia de los actores y entiende la situación problemática como un proceso conflictivo (Paredes, 2013). Tomando el concepto de la obra de Erving Goffman (1974), un conjunto de autores lo aplica al estudio de la acción colectiva (Snow et al., 1986; Gamson, 1992; Gamson y Modigliani, 1989; Olsen, 2014; Lin y Zhao, 2016; Chihu, 2006 y 2007). Su trabajo da cuenta, en función de explicar la convocatoria y la movilización, de cómo los individuos no implicados se inclinan a participar en los movimientos sociales (Olsen, 2014). Siguiendo a Snow y Benford (1988) los marcos cumplirían ciertas tareas clave, como identificar y/o definir una injusticia y sus causantes (diagnóstico), el establecimiento de un curso de acción determinado que alivie esa injusticia (pronóstico) y emitir un “llamado a la acción” que traduce la experiencia de injusticia en acción (motivación).

Así, un marco de la movilización es el conjunto de creencias y significados orientados a la acción que legitiman las actividades de un movimiento social (Snow y Benford, 1992). Mediante ellos se pone énfasis en la producción y difusión de los elementos ideológicos y simbólicos durante el proceso de movilización, es decir, permite observar las circunstancias definidas -por el propio movimiento- en las que se da la cohesión social necesaria para la realización de la acción colectiva (Chihu, 2006). El marco de significación se refiere al esquema interpretativo que simplifica y condensa la realidad social en conflicto, mediante las operaciones de selección, indicación y codificación de situaciones, eventos, experiencias y secuencias de acciones relacionadas con la definición de la situación por parte de la movilización social (Chihu, 2006), elaborado en el contexto de una contienda política, que define y etiqueta la realidad social en conflicto, generando condiciones que sostienen la movilización.

Será William Gamson (1988), quien sostiene con mayor precisión la idea de producir un marco como la operación de definir una situación conflictiva e injusta, es decir, configurarla bajo ciertas claves interpretativas.¹ El proceso de enmarcar (framing process) por parte de la movilización, ocurre con base en una serie de recursos discursivos presentes en la cotidianeidad de los actores movilizados, lo que les permite abordar el problema de manera colectiva y no sólo basados en el esquema individual. Entre estos recursos se destacan los públicos y los personales, siendo el marco lo que resulta de la combinación de los culturales y personales.² Un marco será efectivo, según el autor, si es capaz de articular estrechamente lo personal y lo público. Siguiendo los argumentos de Gamson (1988; 1992), una movilización social no sólo se constituye por la existencia de recursos (materiales y simbólicos) o de oportunidades políticas, sino que principalmente lo hace por la capacidad de los activistas y los participantes de definir e interpretar de manera consensuada la situación conflictiva. Con esto, los marcos de significación de la movilización problematizan una situación, e incluso pueden redefinirla, con base en un trabajo de codificación binaria: justicia/injusticia, víctima/culpable, moral/inmoral, legítimo/ilegítimo. Mediante tales distinciones van constituyendo referentes de sentido y criterios de legitimación de las acciones de la movilización.

Gamson (1992), define que los marcos de acción colectiva se estructuran con base en la relación de tres componentes, posibles de captar discursiva o textualmente. Por un lado, la movilización realiza la operación de connotación político-moral al enmarcar “la injusticia”, referida a su capacidad para definir la situación en conflicto como dañina, perjudicial y desigual, a la par de puntualizar la indignación moral de los actores. En segundo lugar, se enmarca la capacidad de agencia del movimiento, y en ella se definen las acciones emprendidas para alterar condiciones o políticas y su potencialidad de eficacia. Finalmente está el enmarcado de la identidad, que implica el proceso de definición de los participantes en el conflicto al proponer un “nosotros” colectivo en oposición a un “ellos” que dificulta la resolución de la disputa de manera favorable. En resumen, el marco de este fenómeno social contiene tres elementos: de injusticia, de agencia y de identidad (Gamson, 1992).

El primer elemento -el marco de injusticia- se define como “la producción de un juicio moral con respecto a la situación […] de los actos y condiciones que producen el estado de sufrimiento” (Chihu, 2006: 222). Este concepto da cuenta de la capacidad de la movilización de interpretar una situación como perjudicial y dañina que produce sufrimiento. En específico, este enmarcado se ocupa de generar claves interpretativas para definir la indignación moral (hot cognition) que implica la situación injusta, en tanto que conlleva una serie de imputaciones de carácter más emocional, afectivo y moral que estratégicas. Los modos de argumentación y el lenguaje utilizado son relevantes a la hora de comprender el proceso y las demandas en juego, mediante un ejercicio interpretativo, para diferenciarla de una aproximación reducida al interés estratégico de los actores. En esta definición, “los responsables del daño deben ser claramente identificados y señalados, tanto moral como emocionalmente, lo que asegurará el desarrollo de la movilización” (Gamson, 1992: 32).

En segundo lugar, el marco de agencia se refiere a las operaciones de argumentación que generan la confianza en el movimiento de que mediante las acciones realizadas es posible cambiar la situación definida como injusta y dañina. Remite a las acciones discursivas por las cuales el movimiento social se define a sí mismo como un agente con potencial de acción capaz de revertir la situación problemática (Gamson, 1992; Chihu, 2006). También es la capacidad de generar el sentido de que es posible transformar las prácticas sociales que producen la injusticia a través de la acción colectiva y la movilización (Gamson, 1992). Para Chihu, el sentido del marco de agencia está en generar en los actores movilizados la sensación de ser agentes de su propia historia (2006). Lo anterior configura uno de los mayores desafíos de toda movilización social, debido a los obstáculos estructurales, culturales e individuales existentes en la sociedad.

Un tercer elemento, el marco de identidad, da cuenta de las operaciones discursivas que permiten clasificar a los actores implicados en la situación conflictiva mediante un esquema dicotómico de “nosotros y ellos” (Gamson, 1992) o -utilizando otra semántica- entre protagonistas y antagonistas. Es el proceso de identificación de adversarios en torno a un problema concreto y se configura mediante la atribución de responsabilidades y siempre en relación con un antagonista. También es la posibilidad de la movilización de autodefinirse respecto de la definición e identificación de un otro antagónico y responsable de la situación en cuestión (Gamson, 1992).³

Para efectos del análisis de este artículo, se utilizó la noción de marcos de injusticia y de agencia, que serán observados preferentemente desde los enunciados morales y emocionales de la propia movilización, con base en su condición de discurso o texto,⁴ para señalar que, mediante la puesta en escena de la manifestación pública, los actores fomentan la creación de paquetes interpretativos en cuyo núcleo se encuentra el marco que permite dar sentido a la situación social en conflicto. Esto a partir de la revisión de sus eslóganes y consignas disponibles en sus cánticos y gritos de protesta.⁵ El foco analítico se pone en los recursos simbólicos que posibilitan configurar su marco de injusticia: cómo se define, quiénes lo padecen y quién realiza el daño. También enuncian las formas de intervención social y de acción pública que la movilización puede generar para revertir la situación a partir del marco agencial.

Desde esta posición, se reconoce que las interpretaciones y los juicios de los actores movilizados sobre la realidad social se conforman a partir de las imágenes y los significados producidos públicamente y que vinculan situaciones personales (daño individual) con definiciones culturales y morales de implicación pública (Gamson y Modigliani, 1989). En la vinculación cultural-personal son importantes los paquetes interpretativos, en tanto operaciones colectivas de atribución de sentido, y se componen de dos recursos discursivos: a) de formas de argumentación que entregan relatos en torno a causas, consecuencias y modos de justificación moral y atribución de sentido a las acciones; y b) de elementos de enmarcado como metáforas, ejemplos, descripciones, imágenes visuales, eslóganes y consignas, entre otros. Ambos recursos son de carácter simbólico y son utilizados por la movilización para definir e interpretar las situaciones problemáticas (Gamson y Modigliani, 1989: 3).

Definido lo que se entiende por marco de la movilización social, corresponde pasar al análisis situado de las protestas estudiantiles mediante la reflexión acerca de un conjunto de enunciados puestos en escena durante estas jornadas, a partir de los marcos de injusticia y de agencia.

Luego de tres años de manifestaciones estudiantiles frecuentes en torno a la gratuidad de la educación, el 26 de junio de 2013 se llevó a cabo una con un detalle particular: se convocó a estudiantes y al sector del trabajo, a sólo cinco meses de las elecciones presidenciales, para mostrar la fuerza de las movilizaciones contra la política institucional. En ésta se escucharon los mismos cánticos entonados en las marchas anteriores, sólo que uno de ellos presentó una pequeña variación:

El cántico deja ver la conjunción del marco de injusticia con el marco de agencia, luego de tres años de manifestaciones públicas. Frente a la mercantilización de la educación y su definición como un bien de consumo, que produce sujetos “endeudados”, el movimiento propone como alternativa la lucha porque ésta sea pública, gratuita y de calidad. La respuesta al endeudamiento y a la segregación a la que esta situación conlleva, así como el agravio moralmente insoportable que tales condiciones han producido, es luchar en la calle y contraer un fuerte compromiso con la causa, basada en una batería emocional y moral (Jasper, 2016), pues incluye sentimientos positivos y negativos que descansan, por un lado, en la indignación social por el despojo del derecho a la educación, junto con el abuso que realiza el mercado al trasnformar al estudiante en deudor. Y por otro lado, el orgullo colectivo dado por la capacidad de cohesión social, la solidaridad y el apoyo mutuo, que dotan de fuerza a la manifestación callejera, así como la satisfacción por lograr enfrentarse al gobierno, a los políticos y a los medios por al menos tres años, es decir, en la resistencia (Poma, 2019). Lo anterior define al valor y la osadía como los pilares positivos de una batería emocional que fortaleció a las manifestaciones. La movilización, en tanto agencia colectiva de significación y como performance pública, fue un poderoso dispositivo político de ocupación del espacio público y de formulación de demandas y soluciones para enfrentar una situación injusta.

El enmarcado de la movilización estudiantil le permitió fijar ciertos argumentos morales y emocionales, junto a un modo de actuar colectivo, dotando al proceso de su propia legitimación. Con ello, la marcha fue reconocida como una modalidad socialmente valorada para exponer públicamente un malestar social incubado durante más de veinte años, pero también se externaron abiertamente las injusticias sociales provocadas por el modelo neoliberal de la educación de mercado. Además, se generó cierto consenso social en torno a la figura del deudor y la fragilidad de su posición social, al tiempo que el lucro fue ampliamente cuestionado y comenzó a presentar ciertos costos simbólicos expresados en la utilización pública de apelativos como ladrón, usurero, estafador.

El trabajo de enmarcado incluye argumentos cognitivos (causales), emotivos, humorísticos y morales (Gamson y Modigliani, 1989; Romanos, 2016; Poma y Gravante, 2015; Jasper, 1997). En específico, los motores emotivos y morales de la movilización estudiantil fueron: el cansancio por la situación, la deuda adquirida al estudiar, el robo de la educación y de un proyecto de vida, y la insatisfacción por una promesa no cumplida, por lo que se apeló a la solidaridad. Aunque también se incluyen argumentos estratégicos como el fin de la mercantilización heredada de la dictadura y la restitución de la educación pública gratuita, ejemplificada hoy en la lucha contra el Crédito con Aval del Estado (CAE), como los actuales catalizadores de la acción política de los estudiantes. Con lo anterior se produce la posibilidad de elaborar un marco emocional y moral con alcance estratégico, tal como lo propone Cadena-Roa (2002).

De esta manera, el compromiso de movilizarse por la educación pública gratuita y por el fin al lucro es uno de los legados del proceso de las contiendas estudiantiles. Sin embargo, este no sólo es moral, sino también político, ya que el movimiento se definió a sí mismo como una agencia colectiva con capacidad de acción transformadora que combinó en su actuación los elementos cognitivos con los morales y los emocionales (Jasper, 1997 y 2010). Lo anterior abrió el espacio a una intervención política de tipo prefigurativo (Poma, 2019), en tanto promesa de lograr el objetivo establecido aquí y ahora, desde una vía más horizontal y colectiva, conseguida con base en las protestas y manifestaciones estudiantiles del periodo. El ofrecimiento de un futuro próximo (un mañana presente) en el que la educación gratuita es posible y se pueda estudiar sin miedo a la deuda, sin temor a la exclusión, dotando de base moral y emocional a la acción política estudiantil y ciudadana, basada en la generación de confianza individual y colectiva desde la política prefigurativa, como se evidencia en el siguiente cántico:

Entonces, uno de los hallazgos más significativos del marco moral y emocional del movimiento estudiantil desde 2011 es la batería moral que le da cuerpo, en tanto mecanismo de emociones en contraste con un valor positivo y uno negativo (Jasper, 2016: 19). Así, tiene, por un lado, como elemento negativo que permite la irrupción de la manifestación pública, el agravio moral vivido como abuso y la indignación como base del sentimiento de injusticia que sostiene la denuncia contra la educación de mercado. Por otro lado, comienza a desarrollar un componente afirmativo, con base en la producción de solidaridad y cooperación entre los actores, la adquisición de valentía y la osadía para sostener la lucha en contra del gobierno (Poma, 2019), que generan un sentimiento de orgullo colectivo que permitió definir una sensación de confianza en la acción de los movilizados para la trasformación de la educación como derecho social, en un futuro próximo y cercano.

El presente artículo abordó la movilización estudiantil por la educación pública gratuita desde la perspectiva del enmarcado, siguiendo los planteamientos elaborados por William Gamson y, para ello, se utilizaron diversos cánticos y gritos que fueron entonados en las manifestaciones de 2011 a 2013.

El marco de injusticia que logramos reconstruir señala que la educación pública en Chile fue, y continúa siendo, abandonada por la clase política y el Estado, perdiendo su condición de derecho social en beneficio de un modelo neoliberal que la trasformó en una mercancía, lo cual ha traído como consecuencias el endeudamiento, la desigualdad y la precarización de vastos sectores de la sociedad. El marco da cuenta, mediante una estrategia causal de argumentación, de la continuidad mercantil educativa y expone que el legado dictatorial sigue presente en los gobiernos democráticos posteriores. Sin embargo, el movimiento estudiantil no solamente denunció este hecho, sino que también dejó ver sus nefastas y abrumadoras consecuencias, tanto institucionales como subjetivas, que aportan a la precarización de la ciudadanía y reafirman la existencia de la tradición de la dictadura en los regímenes democráticos. El juicio moral realizado por la movilización da cuenta de dicha continuidad entre dictadura y democracia, evidenciada por el lucro en la educación y sus consecuencias para la precarización del estudiantado, produciendo un sentimiento moral con base en la indignación y la rabia que sustentan la injusticia que produjo la gubernamentalidad neoliberal (Paredes, 2018).

En cuanto al marco agencial, sugerimos su legitimación a partir de lo masivo de sus manifestaciones y protestas, como también mediante la implicación de la ciudadanía en ellas, fundada en el diagnóstico de que aquellos agravios producidos por el establecimiento del lucro en la educación son padecidos no sólo por los(as) estudiantes movilizados, sino también por otros, sean sus padres o las familias chilenas en general. Las formas discursivas que configuran este marco van desde el refuerzo de la defensa de la educación pública y gratuita como tarea central, pasando por el reforzamiento de la movilización a través del compromiso moral-emocional, a partir de la producción de un sentimiento de orgullo compartido por la solidaridad e integración de amplios sectores sociales, así como la generación de confianza en un futuro próximo no mercantilizado, con base en una política prefigurativa. La conservación del apoyo y la adherencia de otros sectores sociales se dio a través de recursos emocionales que apelaban tanto al humor como a los sentimientos de rabia e insatisfacción producidos por la situación identificada como injusta, y también al establecimiento de un horizonte victorioso que se vislumbraba cercano. De esta manera, el marco agencial le permitió a la movilización legitimar sus formas de acción y sus demandas.

Analizar el movimiento estudiantil chileno desde sus marcos de sentido (Picazo y Pierre, 2016) es una tarea en deuda. Más aún desde los componentes morales y emocionales. En ese sentido, el trabajo presentado puede proyectarse para estudiar con mayor detalle los componentes emocionales y morales presentes en las luchas estudiantiles posteriores a 2013, como las de las universidades privadas en 2016, o el movimiento feminista estudiantil de 2018, e incluso leer el movimiento pingüino de 2006. Por otro lado, se pueden complementar los trabajos dominantes sobre la movilización chilena de estudiantes y los movimientos sociales en general (Von Bulow y Donoso, 2017), con una perspectiva cultural que ponga énfasis en lo emocional y lo moral, y que ha sido omitido por tales propuestas.

Entonces, el estudio del marco de la movilización por la educación pública, de 2011 a 2013, permite entenderla como un proceso de lucha que conlleva un fuerte compromiso político, moral y afectivo, y que entrega nuevos elementos de sentido a la comprensión de un movimiento que desafió la idea fuertemente arraigada de concebir a la educación como un bien de consumo. La base moral y emocional de las manifestaciones estudiantiles, expresadas en paquetes interpretativos de injusticia y de agencia, potenciaron su desarrollo, reforzando su legitimidad pública y social, y permitiéndole al mundo estudiantil disputar los sentidos de lo público y de lo político por al menos tres años, logrando que la causa de la gratuidad fuese incorporada en el programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Aunque su destino es otra historia.